Esta entrada amplía y profundiza, con datos del DANE, evidencia internacional y referencias académicas, los argumentos expuestos en la columna publicada en IFM Noticias: “El salario mínimo no es el problema, la baja productividad sí”.
Del porcentaje al problema estructural: salario mínimo y productividad en Colombia
En Colombia, el salario mínimo se discute cada año como si fuera una palanca autónoma del desarrollo: se ajusta por inflación, se negocia políticamente y se presenta como instrumento de justicia distributiva, con la expectativa implícita de que el sistema productivo se adaptará.
El debate sobre el salario mínimo y la productividad en Colombia, sin embargo, rara vez se formula en esos términos.
El problema es que los salarios sostenibles no dependen de la intención normativa, sino del valor económico creado por hora trabajada.
Desde una perspectiva económica básica, cuando el costo laboral aumenta sin un incremento equivalente en productividad, el sistema enfrenta solo cuatro mecanismos de ajuste posibles:
- aumento de precios,
- reducción de empleo u horas,
- traslado hacia informalidad o tercerización,
- o compresión de márgenes que termina afectando inversión y crecimiento.
Esta dinámica no es teórica. Es el mismo patrón que explica por qué una parte significativa del mercado laboral colombiano termina ajustando por precariedad y sobrevivencia, como se ha analizado en El rebusque en Colombia: la trampa elegante del desempleo.
La tesis central es clara y defendible: el salario mínimo puede cumplir una función redistributiva en el corto plazo, pero no crea productividad. Cuando se utiliza como sustituto de una estrategia productiva, el ajuste ocurre por vías no deseadas.
Desempleo moderado, informalidad estructural: el dato que incomoda el debate
Una objeción recurrente a esta tesis es que el desempleo en Colombia no se encuentra disparado. Es correcta, pero incompleta. Desempleo y precariedad no son sinónimos.
De acuerdo con el DANE (2025a), la tasa de desocupación nacional fue de 9,2 % en octubre de 2025, y de 9,1 % en las 13 principales ciudades y áreas metropolitanas. Este dato muestra capacidad de absorción ocupacional, pero no dice nada sobre la calidad del empleo generado. Esa calidad se revela cuando se observa la informalidad.
En el boletín de ocupación informal correspondiente al trimestre julio–septiembre de 2025, el DANE (2025c) reporta una tasa de informalidad total nacional del 55,0 %, con diferencias marcadas por territorio: 43,0 % en cabeceras municipales y 83,4 % en centros poblados y rural disperso. Aunque la serie muestra una reducción gradual desde 59,2 % en 2021, el piso sigue siendo estructuralmente alto.
El problema no es solo empleo: es productividad y calidad del vínculo laboral. Esta tendencia se mantiene en el trimestre móvil siguiente (agosto–octubre de 2025), confirmando el carácter estructural del fenómeno (DANE, 2025d).
La lectura económica es directa: cuando aumenta el costo de la formalidad sin que la productividad acompañe, el ajuste no necesariamente se expresa en despidos masivos. Con frecuencia adopta formas más silenciosas: reducción de horas, contratación por servicios, informalización del vínculo o desplazamiento hacia actividades de baja protección. Este patrón conecta con una debilidad más profunda: la incapacidad de muchas organizaciones para elevar productividad por problemas de gestión, liderazgo y diseño organizacional, ampliamente documentados enMandar no es liderar: cómo el control destruye la estrategia y en Cultura organizacional: cuando las creencias se vuelven comportamientos.
Productividad no es discurso: la señal empírica del salario mínimo y la productividad en Colombia
Otra objeción habitual en la discusión sobre salario mínimo en Colombia es que la productividad se invoca como excusa para no mejorar salarios. La evidencia no respalda esa lectura. La productividad no es un argumento normativo, sino una condición técnica para que los aumentos salariales sean repetibles sin generar ajustes indeseados.
En su Boletín Técnico de Productividad Total de los Factores, el DANE (2025b) reporta para 2024 (preliminar) un crecimiento del Valor Agregado Bruto de 1,84 % y una PTF de 0,48 para el total de la economía. Estos dos datos son críticos. Primero, no existe una bonanza capaz de absorber incrementos de costos generalizados. Segundo, la PTF —el componente asociado a eficiencia, tecnología y organización— se encuentra en niveles que no soportan aumentos salariales sostenidos por decreto.
La literatura económica es consistente en este punto. Syverson (2011) muestra que la productividad depende de asignación eficiente, tecnología, capital humano y prácticas organizacionales. Hsieh y Klenow (2009), y posteriormente Restuccia y Rogerson (2017), evidencian que la mala asignación de recursos puede reducir drásticamente la productividad agregada, incluso cuando existe esfuerzo laboral. En economías con estas características, la discusión salarial se convierte en un juego de suma cero.
Aquí aparece un límite técnico clásico: en sectores intensivos en trabajo humano, la frontera de productividad avanza más lento que en sectores “progresivos”. Baumol (1967) mostró que, cuando la productividad relativa no crece, los costos tienden a presionar al alza sin que el valor por hora aumente al mismo ritmo. En economías con alta informalidad, este desajuste no desaparece: se reexpresa como ajuste por precios, horas o tipo de vínculo.
Qué dice realmente la evidencia sobre salario mínimo: ni caricaturas ni dogmas
El debate público suele oscilar entre dos caricaturas:
- que el salario mínimo siempre destruye empleo,
- o que no tiene ningún costo.
Ninguna es respaldada por la evidencia seria. Lo que muestra la literatura es heterogeneidad, dependencia del contexto y mecanismos de reacomodo.
El estudio de Cengiz, Dube, Lindner y Zipperer (2019), publicado en The Quarterly Journal of Economics, analiza múltiples aumentos del salario mínimo en Estados Unidos y encuentra un patrón consistente: pérdidas de empleo por debajo del nuevo mínimo y ganancias justo por encima, con efectos netos pequeños en el agregado de trabajadores de bajos salarios. El salario mínimo no “destruye” masivamente empleo; lo reacomoda. Este hallazgo es clave para entender los límites del salario mínimo y la productividad en Colombia.
Incluso dentro de la evidencia estadounidense, existe debate metodológico sobre magnitudes y sobre cuándo aparecen pérdidas de empleo. Neumark y Shirley (2022) cuestionan lecturas demasiado conclusivas y enfatizan que los resultados dependen del diseño empírico y de la forma en que se mide el “job loss”. Traducido a Colombia: si en un mercado formal grande ya hay controversia metodológica, en un mercado con informalidad estructural el margen de error al prometer efectos ‘sin costo’ es aún mayor.
El punto clave es que este resultado depende de condiciones institucionales que Colombia no comparte plenamente: baja informalidad, alta capacidad de fiscalización y un tejido empresarial con mayor escala y productividad. En un contexto como el colombiano, el reacomodo puede tomar otras formas: migración a informalidad, reducción de horas o externalización del vínculo laboral.
Dube (2019a) enfatiza en su revisión internacional que los efectos del salario mínimo dependen del contexto productivo e institucional. En su estudio sobre distribución del ingreso familiar, muestra mejoras en ingresos de hogares de bajos recursos, una función redistributiva relevante, pero conceptualmente distinta de la creación de productividad. Redistribuir valor no equivale a generarlo (Dube, 2019b).
La OIT (2024), en su Informe Mundial sobre Salarios 2024–25, refuerza esta advertencia para economías con alta informalidad: la cobertura efectiva del salario mínimo es limitada y parte del ajuste ocurre fuera del empleo formal. El instrumento no es inválido, pero tiene límites claros.
Tejido empresarial, escala y mala asignación: el verdadero cuello de botella
El debate salarial suele presentarse como una confrontación moral entre empleadores y trabajadores. Esa narrativa ignora el mecanismo estructural: la composición y escala del tejido empresarial.
Según Confecámaras (2025b), en 2024 se crearon 297.475 unidades productivas en Colombia. El 79,1 % correspondió a personas naturales y el 98,4 % fueron microempresas. En el primer semestre de 2025 se registraron 173.907 empresas, con una composición similar: 74 % personas naturales y 26 % sociedades (Confecámaras, 2025a).
La lectura económica es contundente: Colombia crea muchas unidades productivas, pero de muy baja escala, lo que condiciona estructuralmente la relación entre salario mínimo y productividad en Colombia. En microempresas con márgenes estrechos, bajo capital tecnológico y debilidades gerenciales, la capacidad de absorber choques salariales sin mejoras de productividad es limitada. No por falta de voluntad, sino por restricciones estructurales. Este patrón se alinea con la evidencia de Rodrik (2016) sobre desindustrialización prematura y con los problemas de mala asignación documentados por la literatura.
Jóvenes, mayores y barreras de entrada: cuando el costo importa
Un aumento del salario mínimo eleva el costo de contratación, especialmente en segmentos donde la productividad inicial es incierta o requiere aprendizaje. Jóvenes sin experiencia y trabajadores mayores enfrentan riesgos particulares cuando el costo de entrada al empleo formal aumenta sin políticas complementarias de formación, empleabilidad y reducción de fricciones.
La evidencia internacional no obliga a afirmar que el salario mínimo destruye empleo juvenil de forma mecánica, pero sí sugiere que, sin productividad ni apoyos institucionales, los grupos marginales suelen absorber parte del ajuste. Este fenómeno conecta directamente con El primer empleo en Colombia: cuando pedir experiencia se vuelve exclusión y Empleo a mayores de 50 en Colombia: cuando modernizar significa olvidar la experiencia.
Salario mínimo sin productividad: un debate estructuralmente incompleto
El salario mínimo seguirá siendo un termómetro político. Pero mientras no se aborde de frente el problema del salario mínimo y la productividad en Colombia, el debate seguirá siendo incompleto. La prosperidad sostenida no se decreta. La evidencia converge en cuatro conclusiones difíciles de eludir:
- El salario mínimo puede cumplir funciones redistributivas relevantes.
- No sustituye una estrategia de productividad.
- En un país con 55 % de informalidad y un tejido empresarial compuesto en 98 % por microempresas, el ajuste a choques salariales adopta múltiples rutas, varias no deseadas.
- Si se quieren salarios más altos y sostenibles, la agenda real es productividad: PTF, capacidades gerenciales, escala empresarial, formalización con incentivos correctos y políticas de empleabilidad, como insiste la OCDE( 2024) al señalar que la baja productividad y la informalidad persistente son restricciones estructurales para la mejora salarial en Colombia.
Esta discusión exige pensamiento crítico, no consignas. Persistir en el debate de porcentajes sin abordar la estructura productiva es repetir una conversación cómoda que evita las decisiones difíciles, como se ha planteado en Pensamiento crítico en Colombia: 2025 obligó a pensar incómodo.
En Tracest Consultores trabajamos con organizaciones que buscan resultados defendibles, no discursos. Pagar mejor de forma sostenible exige producir más valor por hora, mejorar ejecución, elevar capacidad directiva y diseñar modelos operativos que soporten el costo sin destruir empleo, margen o inversión. En Colombia, el salario mínimo seguirá siendo noticia anual. La productividad —y su relación con salarios sostenibles— sigue siendo la tarea pendiente del país.
Fuentes Consultadas
Baumol, W. J. (1967). Macroeconomics of Unbalanced Growth: The Anatomy of Urban Crisis. The American Economic Review, 57(3), 415–426.
Cengiz, D., Dube, A., Lindner, A., & Zipperer, B. (2019). The Effect of Minimum Wages on Low-Wage Jobs*. The Quarterly Journal of Economics, 134(3), 1405–1454. https://doi.org/10.1093/qje/qjz014
Confecámaras. (2025a). Dinámica de Creación de Empresas en Colombia – Primer Semestre de 2025.
Confecámaras. (2025b). Dinámica de Creación de Empresas en Colombia 2024.
DANE. (2025a). Boletín técnico – Noviembre 2025.
DANE. (2025b). Boletín técnico de Productividad Total de los Factores.
DANE. (2025c). Ocupación informal – Trimestre julio – septiembre 2025. https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/Nueva_medicion_informalidad.pdf
DANE. (2025d). Principales indicadores del mercado laboral – Octubre de 2025. https://www.dane.gov.co/files/operaciones/GEIH/bol-GEIH-oct2025.pdf
Dube, A. (2019a). Impacts of minimum wages: review of the international evidence. HM Treasury.
Dube, A. (2019b). Minimum Wages and the Distribution of Family Incomes. American Economic Journal: Applied Economics, 11(4), 268–304. https://doi.org/10.1257/app.20170085
Hsieh, C.-T., & Klenow, P. J. (2009). Misallocation and Manufacturing TFP in China and India *. Quarterly Journal of Economics, 124(4), 1403–1448. https://doi.org/10.1162/qjec.2009.124.4.1403
Neumark, D., & Shirley, P. (2022). Myth or measurement: What does the new minimum wage research say about minimum wages and job loss in the United States? Industrial Relations: A Journal of Economy and Society, 61(4), 384–417. https://doi.org/10.1111/irel.12306
OCDE. (2024). Estudios Económicos de la OCDE: Colombia 2024 (Vol. 2024). OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/e61e16ad-es
OIT. (2024). Informe mundial sobre salarios 2024-25. https://doi.org/10.54394/HPNI3384
Restuccia, D., & Rogerson, R. (2017). The Causes and Costs of Misallocation. Journal of Economic Perspectives, 31(3), 151–174. https://doi.org/10.1257/jep.31.3.151
Rodrik, D. (2016). Premature deindustrialization. Journal of Economic Growth, 21(1), 1–33. https://doi.org/10.1007/s10887-015-9122-3
Syverson, C. (2011). What Determines Productivity? Journal of Economic Literature, 49(2), 326–365. https://doi.org/10.1257/jel.49.2.326